La madrugada del sábado 13 de abril del 2019, el juez de la Unidad de Flagrancia, Rodolfo Navarrete, dispuso la prisión preventiva de Ola B., el ciudadano sueco indagado por sus presuntos nexos con el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

En la audiencia de formulación de cargos -que inició pasadas las 22:00 del viernes y que concluyó a primeras horas de ayer-, el juez también dispuso la inmovilización de las cuentas bancarias del detenido.

Durante la diligencia, la Fiscalía formuló cargos en contra del ciudadano sueco de 36 años, por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.

Tras escuchar la intervención de las partes procesales, la cual contó con la participación de dos traductores del idioma materno de Ola B., el juez calificó la legalidad de la detención.

El fiscal del caso detalló que en las maletas que llevaba el ciudadano cuando pretendía viajar a Japón (el jueves) y en el allanamiento realizado a su casa (el viernes), se halló gran cantidad de computadoras portátiles.

Además, iPads, iPods, cables USB, dispositivos de almacenamiento de datos, celulares, adaptadores, conectores de varios puertos, tarjetas de crédito, entre otros.

Entre los elementos de convicción que presentó Fiscalía también se incluye un reporte migratorio.
En este consta un gran número de viajes realizados por este ciudadano y otro reporte en el cual se detalla que, desde 2015 a 2019, realizó pagos por servicios de internet por más de $ 230.000.

El fiscal indicó que dentro de sus facultades legales, el jueves dispuso impedir que este ciudadano se ausente del país y solicitó orden de detención con fines investigativos, que se hizo efectiva en el aeropuerto Mariscal Sucre.

Además, la madrugada del viernes se realizó un allanamiento al domicilio del procesado para recabar elementos sobre sus actividades en Ecuador, donde reside desde hace cinco años.

Para Carlos Soria, abogado de Ola B., la detención de su cliente, da cuenta de una serie de irregularidades. Dijo que su defendido no habla bien español y que ningún traductor le informó en su momento cuál era el delito por el que es investigado.

Al término de la audiencia de ayer, el juez Navarrete otorgó un plazo de 90 días para que Fiscalía recopile evidencias que serán utilizadas en futuras audiencias.

La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó ayer en su cuenta de Twitter que se han producido varios ciberataques en los últimos días, tras la culminación del asilo de Julian Assange.

“A pesar de haber sufrido ciberataques en los últimos días, ninguna página del gobierno central, ni de sectores claves del mundo privado, se encuentra intervenida o sacada del aire”, escribió.

“Han logrado intervenir un correo institucional y una página de un municipio”, informó Romo, pero no precisó cuál cabildo. (I)